Es habitual escuchar que la Argentina tiene un clima y suelos
excepcionales para la agricultura. Sin embargo, nuestro país tiene 75 por
ciento de su territorio bajo condiciones de aridez o semiaridez: son más de 200
millones de hectáreas donde la agricultura de secano tiene resultados aleatorios
o es imposible de realizar. Más aun, en las fértiles tierras de la Pampa Húmeda
o de la Mesopotamia, algunos cultivos extensivos (el arroz y la papa) y los
cultivos de frutas y hortalizas no podrían realizarse sin dotaciones
complementarias de agua, para asegurar la calidad y volumen de las cosechas.
No es de extrañar entonces que el riego haya sido en la
Argentina no sólo un instrumento para mejorar la productividad de la tierra
sino también una herramienta concreta para la ocupación y posterior desarrollo
de extensas áreas de todo el territorio nacional.
La vitivinicultura de Mendoza y la fruticultura del Alto
Valle del Río Negro, con sus bases productivas consolidadas a mediados del
siglo pasado, son exitosos ejemplos del papel que desempeñaron los sistemas públicos
de riego en el desarrollo regional. Y más recientemente, las frutillas en
Tucumán, el olivo en La Rioja y Catamarca y las frutas finas en los Andes
Patagónicos.
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